jueves, 29 septiembre, 2022

Si en política hay una perversión que roza peligrosamente los límites de la corrupción, sin duda que esta es la judicialización de la política, o lo que es lo mismo, querer sacar rédito político en las salas de los juzgados cuando las urnas te han negado el aval que te habilita para gobernar. Porque sin género de dudas que es poco menos que de corruptos poner en manos de los jueces asuntos que nada tienen que ver con la justicia y sí con la lucha política cuando esta adquiere sus tintes más que bajunos.

Nada vamos a añadir al dictamen judicial: ni una sola palabra. Porque el mayor tapabocas que puede darse a quienes trataron de enturbiar la vida política de nuestro pueblo al meter a jueces y tribunales de por medio, interponiendo denuncias que no se sostenían por su propio peso, ni tenían base ni fundamento jurídico, no pueden recibir mejor respuesta que un dictamen judicial en su contra. Para qué hablar más… A la noticia aparecida en diversos medios de cominucación nos remitimos.

PSOE―A de Bormujos

 

Archivada la querella contra el alcalde de Bormujos por el “bolso de Loewe”

  • “No hizo una atribución concreta de delito” contra Ana Hermoso, su antecesora

  • El alcalde Francisco Molina (PSOE) solo criticó al PP por la campaña lanzada contra él.

  • El juzgado de instrucción 6 de Sevilla ha archivado la querella por calumnias que interpuso la ex alcaldesa de Bormujos Ana Hermoso (PP) contra el actual alcalde, Francisco Molina (PSOE), por el comunicado que emitió recordando su condena por el llamado caso del bolso de Loewe. Según el juzgado, no se ha demostrado la comisión de ningún delito y “no existe claridad suficiente para entender concurrentes los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de la calumnia”.

    El alcalde solo emitió unas  declaraciones en las que criticaba al PP de Bormujos por la campaña que decía que había lanzado contra él y finalizaba diciendo que “el único juicio abierto es el del Partido Popular del bolso de Loewe”, según el auto de archivo al que tuvo acceso este periódico.

  • Se refería al juicio en el que Ana Hermoso fue acusada de aceptar un bolso de regalo por apoyar una moción de censura contra el PSOE. Fue condenada por un jurado popular en la Audiencia de Sevilla pero finalmente fue absuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

    Según el auto de sobreseimiento, Molina “no ha efectuado imputación de delito alguno a la querellante, y no le ha atribuido participación alguna en la acción de prevaricación o cohecho”.

    En todo caso, el auto de la juez María Núñez Bolaños recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo afirma que “no bastan atribuciones genéricas o vagas, sino que han de recaer sobre un hecho inequívoco, concreto y determinado, preciso en su significación y catalogable criminalmente, dirigiéndose a la imputación a persona concreta”, lo que no concurre en este caso.

    Añade que la falsa imputación “ha de dirigirse contra una persona inconfundible, de indudable significación, lejos de la simple sospecha o de la débil conjetura, que es lo que ocurre en el caso de autos”.

    “Futuras diligencias tampoco confirmarán el delito”

    No solamente de la instrucción practicadas no se ha confirmado la realización del delito sino que “no parece que por la práctica de ulteriores diligencias pueda llegarse a una conclusión distinta”, concluye.

    Francisco Molina fue denunciado por un comunicado emitido en enero de 2021 desde su despacho oficial en el que afirmó que “el  único juicio abierto es el del Partido Popular del bolso de Loewe”. Según la ex alcaldesa, la intención de su sucesor era dar a entender que continúa abierto contra ella un “proceso judicial penal, imputándole la realización de actos de prevaricación y cohecho” pese a que fue definitivamente absuelta por el TSJA.

    Por ello, la ex alcaldesa pretendía ser indemnizada en 15.000 euros porque esas manifestaciones le “afectan gravemente” en su profesión de procuradora de los tribunales, y su honor se ve afectado por “la sospecha o duda que pudiera generar a magistrados, jueces, abogados y otros procuradores”.