Editorial de ‘El Socialista’
Tras años de inacción política por parte de los anteriores gobiernos del PP y meses de bloqueo institucional forzado por la falta de acuerdos para formar un Gobierno estable, España necesita, cuanto antes, que la legislatura arranque con un Ejecutivo dispuesto a afrontar las reformas pendientes en materia de bienestar social, regeneración democrática y cohesión territorial. Después de un 2019 plagado de procesos electorales –todos ellos con un mismo ganador: el PSOE–, nuestro país no puede permitirse más parálisis: hay retos que no pueden esperar y hay un país que demanda soluciones. Si la política no está a la altura en este momento crucial, perderá su valor a ojos de la ciudadanía.
Es fundamental, en primer lugar, que el nuevo Gobierno adopte medidas que mejoren la vida de los españoles y las españolas, especialmente de las clases medias y trabajadoras, las que más han sufrido durante los años de crisis y las que con menor intensidad han percibido la recuperación económica. La Sanidad, la Educación, las pensiones, la dependencia, la igualdad, y el medio ambiente, entre otros asuntos clave, necesitan un impulso en clave progresista para que se abra un horizonte de esperanza para la mayoría social. En este sentido, el preacuerdo suscrito entre PSOE y Unidas Podemos es una señal de que se avanza en la buena dirección.
En segundo lugar, el nuevo Gobierno deberá estar a la altura de la exigencia ciudadana en materia de transparencia, rendición de cuentas y ética. En el último barómetro del CIS, publicado en noviembre, casi la mitad de los españoles (el 45,5%) citaba a los partidos y los políticos como uno de los tres principales problemas de España. Hace diez años, ese porcentaje era del 16,6%. Es urgente que todas las formaciones asuman el reto de recuperar el valor de la política. Quienes han decidido reemplazar el debate de ideas por el insulto y la confrontación no hacen sino contribuir a la degradación de la democracia.
En cuanto a la crisis política y a la tensión territorial, especialmente en relación con Cataluña, es más necesario que nunca que se abra paso el diálogo. En el marco del Estado social y democrático de derecho que es España, y desde el respeto a la legítima diferencia, los actores políticos sin excepción deben abrir una etapa presidida por la negociación y el acuerdo para superar el clima de confrontación y la unilateralidad, que no hace sino perjudicar, especialmente, a la sociedad catalana. La legislatura que ahora comienza debe estar presidida por el diálogo y, en ella, deben empezar a sentarse las bases para alcanzar soluciones duraderas.
En esta línea, es positivo que el presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, haya anunciado una conferencia anual con los presidentes de las Comunidades Autónomas en el Senado, la celebración de reuniones bilaterales con todos los dirigentes autonómicos y la renovación del sistema de financiación autonómica. La política es el ejercicio de hallar soluciones en el marco de la legalidad y desde el respeto a las instituciones, de gobernar las pasiones y sobreponerse a las emociones para cerrar acuerdos con quienes piensan diferente y por el bien común. Y, para ello, la palabra es la única herramienta posible.
Es deseable que, en los próximos días y semanas, culminen las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez que la vicesecretaria general del PSOE y portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, está liderando con discreción y eficacia. España necesita, más pronto que tarde, un Gobierno que responda a los retos sociales, contribuya a recuperar el valor de la política y aborde la crisis territorial con decisión y diálogo. Un Ejecutivo respaldado por una mayoría estable de progreso que dé a nuestro país un nuevo impulso y que siente las bases para garantizar el bienestar de la ciudadanía en la nueva década que ahora comienza
