El Día Universal de la Infancia, que se celebra cada año el 20 de noviembre, es
un día dedicado a todos los niños y niñas del mundo. El 20 de noviembre marca
la fecha en que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los
Derechos del Niño, en 1959; y la Convención sobre los Derechos del Niño, en
1989.
Desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, la infancia
es considerada, no como objeto de protección, sino como sujeto de pleno
derecho. La Convención, que es el tratado internacional de derechos humanos
más ratificado, incluye los derechos de la infancia relativos a la vida, a la salud,
a la educación y el juego, a la vida familiar, a estar protegidos de la violencia, a
no ser discriminados y a que se escuchen sus opiniones. Sin embargo, estos
derechos aún distan mucho de convertirse en realidad en numerosos rincones
del planeta, mientras que en los países industrializados se presupone que están
garantizados para todos los niños y niñas.
En nuestro país, durante los últimos años se ha experimentado un retroceso en
la aplicación plena y efectiva de los derechos de la infancia. La coyuntura
económica de crisis, junto con los recortes presupuestarios y las reformas
restrictivas de derechos sociales que ha llevado a cabo el Gobierno del Partido
Popular, ha arrojado como resultado un constante aumento de la pobreza,
afectando con mayor intensidad a los colectivos más vulnerables de la sociedad
y alcanzando cifras alarmantes en el caso de la infancia. Es particularmente
grave que más de un 30% de la población menor de 18 años se encuentre en
riesgo de pobreza y exclusión social, lo que en la actualidad convierte a los niños
y niñas en el grupo de edad más vulnerable frente a la pobreza y más penalizado
por la crisis.
Cuando el núcleo familiar se encuentra en dificultades económicas los derechos
de la infancia se pueden ver comprometidos: el derecho a un nivel de vida
adecuado para su desarrollo físico, mental, moral y social; el derecho al disfrute
del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las
enfermedades y la rehabilitación de la salud; el derecho a la educación; el
derecho a ser protegidos frente a toda forma de violencia, negligencia, abandono
o explotación; el derecho al descanso y al ocio, al juego, a las actividades
recreativas y a participar libremente de la cultura y las artes.
Hoy, en nuestro país ya no está garantizado el acceso a una adecuada atención
sanitaria y farmacéutica; la educación pública ha sufrido tal deterioro que ha
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dejado de ser garante de la igualdad de oportunidades, equidad, calidad e
integración. Asimismo, los servicios sociales sin apenas recursos, son incapaces
de atender las necesidades de los hijos e hijas de las familias azotadas por el
desempleo, los recortes en protección social y la pobreza.
Este no es sólo el análisis del Partido Socialista. Numerosos organismos
internacionales como el Consejo de Europa; el Comisario de DDHH; los Comités de
Derechos del Niño, Sociales, Económicos y Culturales han llamado la atención sobre la
situación de la infancia en nuestro país, y muchos de ellos han mostrado su
preocupación por lo que está ocurriendo. Asimismo, cada informe de organizaciones
como Save the Children, UNICEF y Cáritas, cada estudio y cada estadística
nacional o internacional (Encuesta de Condiciones de Vida; Eurostat) denuncia
esta realidad y advierte del empeoramiento progresivo de la situación de la
infancia en España.
La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) nos traslada la radiografía de un país
donde los ingresos medios de las familias no paran de disminuir; donde el
porcentaje de población en riesgo de pobreza es alarmante (22,1%) y
especialmente elevada entre el grupo de edad de menores de 16 años (28,8%),
siendo 6,7 puntos superior a la del conjunto de la población. Las organizaciones
nos alertan de que en nuestro país, la infancia es el rostro de la pobreza y que el
Estado y la sociedad no está protegiendo a los niños y niñas garantizando sus
derechos y su igualdad de oportunidades.
Desde el Partido Socialista, en los últimos años hemos denunciado
insistentemente esta realidad. Hemos criticado que las medidas económicas; de
mercado laboral y de recortes en la protección social del Gobierno han
incrementado la desigualdad hasta alcanzar cifras insoportables; han azotado
con especial virulencia a las familias con niveles de renta más bajos y han
perjudicado particularmente a las familias con hijos e hijas.
Desde el Partido Socialista, hemos señalado reiteradamente que los recortes
presupuestarios y de derechos sociales han tenido un mayor impacto en la
infancia, mermando la capacidad redistributiva de los servicios públicos que son
los instrumentos más potentes para fomentar la igualdad de oportunidades.
Los socialistas y las socialistas consideramos que la pobreza infantil severa es
inaceptable en una democracia avanzada como la española y consideramos
urgente y necesario articular medidas para erradicarla de nuestro país,
promoviendo así la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas de la
vida.
Con este objetivo, el Grupo parlamentario socialista ha presentado una iniciativa
para reclamar al Gobierno un Plan de lucha contra la pobreza y la exclusión
social de la infancia, acordado con las Comunidades Autónomas y las
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organizaciones de defensa de los derechos de la infancia, con medidas eficaces
orientadas a romper el ciclo de desventajas y brindar a los niños y niños la
protección más eficaz contra la pobreza y la exclusión. Y para ello, consideramos
imprescindible la puesta en marcha de una política de garantía de rentas como
el Ingreso Mínimo Vital propuesta por el PSOE y que cuenta con el
reconocimiento de las organizaciones sociales y profesionales como instrumento
para mejorar y hacer más eficaz la redistribución de la renta en España y como
sistema más equitativo y de mejor diseño para acercar y asemejar nuestro
Estado del Bienestar a los países de nuestro entorno. El IMV socialista pone el
foco en la infancia. La prestación por hijo a cargo del Ingreso Mínimo Vital “sigue
al niño” y se vincula a la situación económica de la familia, mejorando
sustancialmente la situación de los niños y niñas en hogares en los que, aunque
los padres y/o madres tengan trabajo, éste sea de tan baja calidad que no
consiga garantizarles la cobertura de las necesidades más básicas.
Asimismo, el PSOE apuesta por incrementar el salario mínimo interprofesional;
extender la protección por desempleo; apostar y potenciar la educación como
garantía de igualdad y progreso social, defender el derecho universal a la
protección de la salud y la calidad de los servicios sociales de infancia y
promover la participación infantil y familiar.
Además, compartimos las recomendaciones realizadas al Gobierno por los
organismos internacionales y las organizaciones de infancia para que se
protejan las partidas presupuestarias prioritarias destinadas a la infancia y, de
manera más específica, que se protejan los programas relativos a las medidas
sociales en favor de los niños y las niñas.
Para el Partido Socialista, la infancia es la prioridad. Y por ello, hoy 20 de
noviembre Día Mundial de la Infancia, el Partido Socialista quiere manifestar su
compromiso con las políticas a favor de la infancia, no solo porque promueven
la justicia social y la equidad, sino porque promueven la capitalización de los
recursos humanos de un país y, en última instancia, impulsan el crecimiento
económico. Para los socialistas y las socialistas, el enfoque de desarrollo y
crecimiento de un país basado en los derechos de la infancia contribuye a que
se produzcan las transformaciones sociales, económicas y jurídicas necesarias
para hacer de España un lugar más justo y habitable. Y la mejor inversión del
país es la que se hace en su infancia, los ciudadanos y las ciudadanas
responsables del futuro.